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La OEA decidió suspender con efecto inmediato la participación del Estado de Honduras en el organismo interamericano como respuesta al golpe de Estado que tuvo lugar el pasado domingo y que sacó del poder a Manuel Zelaya.

Esta es la primera vez desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001 que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deciden suspender a un Estado miembro, aunque existe un precedente anterior con la exclusión de Cuba en 1962.

Los países miembros del máximo organismo interamericano votaron a mano alzada la suspensión de Honduras, con 33 votos afirmativos, informó el canciller argentino, Jorge Taiana, que preside la XXXVII Asamblea General de la OEA.

Para aprobar la suspensión hicieron falta dos tercios de los votos, es decir al menos 24.

A continuación los Estados miembros de la OEA aprobaron por aclamación la resolución que insiste en que Honduras deberá continuar cumpliendo sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.

En este sentido, la Asamblea General de la OEA insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras.

Por otra parte, encomienda al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que, junto a representantes de varios países debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia y el Estado de derecho de Honduras y la restitución del presidente José Manuel Zelaya, de manera que pueda cumplir con su mandato para el cual fue elegido democráticamente.

La resolución alienta además a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con Honduras durante el periodo de gestiones diplomáticas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en Honduras y la restitución del presidente Zelaya.

Ese punto podría implicar sanciones de diferentes niveles y formas, económicas, políticas y diplomáticas, por parte de los países miembros de la OEA.

El texto destaca que "ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional".

Por último, instruye a Insulza que remita la resolución a los demás órganos del Sistema Interamericano y al secretario general de las Naciones Unidas.

EFE