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La empresa noruega Discover Petroleum Internacional (DPI), involucrada en el caso "Petroaudios", admitió que podrían haberse realizado "pagos indirectos" al destituido directivo de Perupetro Alberto Quimper.

En un comunicado publicado en diversos medios de comunicación, Discover precisó que contrató los servicios de la empresa internacional Ernst & Young para realizar una evaluación íntegra de sus operaciones en el Perú.

Señaló que esta importante empresa internacional emitió un informe en el cual concluye que pudo haberse realizado estos pagos a Quimper, pero que se habrían coordinado sin intervención de DPI.

"El informe (de Ernst & Young) reconoce que podrían haberse realizado pagos indirectos por un informe tributario al doctor Alberto Quimper, cuyos servicios habrían sido coordinados sin nuestra intervención por nuestros asesores en el Perú", afirmó.

Discover manifestó además que nunca fueron informados de las "incompatibilidades funcionales del doctor Quimper para realizar estos servicios".

"Ernst & Young señala que Discover Petroleum Internacional no contrató ni realizó pagos indirectos al doctor Quimper", anotó.

El comunicado señaló además que al representante de DPI, el mexicano Mario Díaz Lugo, involucrado también en este caso, se le entregó cien mil dólares, sin embargo, no indica que ente se lo otorgó.

Agregó que de este total, 65 mil dólares se utilizó para terminar de cancelar la compra de un departamento en México y los otros 35 mil dólares fueron depositados en su cuenta y a la fecha permanecían en la misma.

DPI lamenta haberse visto "envuelta en una serie de procesos y denuncias, como resultado de la publicación de unos audios, en donde se vieron involucrados algunos asesores peruanos que fueran contratados por nosotros".

El caso "Petroaudios" salió a la luz cuando se difundió una serie de audios que contienen las conversaciones de Quimper y León Alegría coordinando la concesión de lotes petroleros, presuntamente a favor de Discover.

Discover anunció que en los próximos días iniciará las acciones legales de carácter penal contra aquellas personas que realizaron afirmaciones difamatorias en su contra.

"DPI se ratifica en la probidad de su actuación y rechaza cualquier afirmación sin sustento, que pretenda involucrarnos en pagos ilegales realizados a cualquier funcionario público", refirió.