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• AUDIO: Allison desconocía requisitos para retirar dinero, según su abogado

El ex ministro de Vivienda, Francis Allison, se encuentra bajo arresto domiciliario en Miami junto con su esposa Carla Robbiano, acusados de no declarar un dinero que ambos intentaron sacar de Estados Unidos, según cita el diario El Nuevo Herald.

El abogado de la pareja en Miami, Óscar Arroyave, dijo a dicho medio que la acción fue producto de una inocente confusión de sus clientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami donde Allison y su esposa se disponían a tomar el vuelo 4211 de la aerolínea Copa con destino a Lima, con escala en Panamá.

Agentes de Aduana y Control de Fronteras que realizaban una inspección en la terminal aérea preguntaron a la pareja si llevaban dinero consigo, a lo cual respondieron que entre los dos tenían $20,000 en efectivo, afirmó la declaración jurada del agente Randal Hill.

Por sugerencia de los agentes, el matrimonio llenó un formulario de declaración de salida del dinero, pero los funcionarios descubrieron que Allison llevaba $20,000 adicionales en la chaqueta y Robbiano $10,000 más en la cartera, sumas que no declararon.

El abogado de la pareja explicó que en el momento del incidente, su cliente estaba muy agitado y confundido con la pérdida temporal de los papeles de viaje.

Arroyave indicó que el dinero había sido retirado dos días antes de una cuenta de un banco local que la pareja mantiene "desde hace años".

En tanto, Allison y Robbiano fueron arrestados y acusados de falso testimonio, contrabando de dinero en efectivo y omisión de declaración ante un magistrado federal que concedió su libertad bajo fianza de $100,000 la cual fue respaldada por un familiar residente en Miami.

El magistrado Ted E. Bandstra ordenó a la pareja entregar sus pasaportes y llevar grilletes electrónicos.

Allison, también ex alcalde del distrito limeño de Magdalena, tuvo un paso fugaz por el Ministerio de Vivienda y Construcción tras ser obligado a renunciar en septiembre último por ser vinculado a la empresa Business Track, acusada de vender a contratistas del Gobierno peruano información que obtenía mediante la interceptación de correos y llamadas telefónicas.