Norma promulgada por Alan García indica que la participación privada se dará mediante suscripción de convenios con gobiernos regionales y/o locales.

Los proyectos deberán ser de infraestructura y coherentes con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, así como tener declaración de viabilidad.

Los gobiernos regionales y/o locales que se acojan a la ley deberán remitir a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) una lista priorizada con los proyectos a financiar y/o ejecutar, y ProInversión deberá publicarla en su portal web.

Asimismo, para ser seleccionada, la empresa privada deberá cumplir una serie de requisitos que serán establecidos en el reglamento de la presente ley; no obstante, se considera la posibilidad de que el proceso de selección pueda ser encargado en su integridad a ProInversión.

La norma define además el Certificado "Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público" (CIPRL), como un documento no negociable que emitirá la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la cancelación del monto que invierta la empresa privada en el proyecto.

Respecto de los CIPRL, la ley precisa que serán financiados con cargo a los recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba el gobierno regional y/o local respectivo.

La norma además regula la emisión y financiación de dichos certificados.

De otro lado, la obra deberá ser supervisada por una empresa privada que contrate el gobierno regional y/o local; y que al término del proyecto, una sociedad auditora designada por la Contraloría General de la República verificará el monto invertido en el mismo.

Además, en virtud de esta ley, el MEF deducirá un porcentaje (a determinar en el reglamento de la ley) de los recursos del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones a favor de los gobiernos regionales y/o locales que suscriban el convenio de inversión pública referido en esta norma.

Finalmente, en sus disposiciones complementarias, la ley indica que los gobiernos regionales y/o locales deberán dar prioridad a los proyectos de inversión que tengan en las zonas declaradas de emergencia.