El 16 de octubre se cumplen diez años de la detención en Londres de Augusto Pinochet. (Foto: Wikipedia)

El 16 de octubre se cumplen diez años de la detención en Londres de Augusto Pinochet, en cumplimiento de una orden dictada desde España por el juez Baltasar Garzón, una noticia que dio la vuelta al mundo y devolvió la esperanza a las víctimas de la dictadura chilena.

En declaraciones a EFE, algunos de los actores implicados en el proceso judicial coincidieron en señalar, junto a familiares de las víctimas, que el arresto del militar, que entonces contaba con 82 años de edad, constituyó un gran impulso para la Justicia penal internacional.

Fernando Escardó, abogado de la defensa del dictador en España, admitió que hoy Garzón "hubiera recibido más apoyo, habría tenido éxito y se habría juzgado a Pinochet en España", aunque dice que no sabe cuál habría sido el veredicto.

"Nunca defendí el hecho de que Pinochet no hubiera cometido crímenes, sólo me esforcé en negar la competencia de España en unos hechos ocurridos en Chile", dijo Escardó, quien aseguró que "entonces la Justicia penal internacional era un embrión de lo que es hoy".

Pinochet fue arrestado en una clínica londinense, donde se recuperaba de una operación de hernia discal, y requerido por la Justicia española para ser interrogado acerca de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo su régimen y durante la dictadura argentina.

"La verdad es que fue una sorpresa y una gran alegría. En ese momento pensamos que habíamos conseguido justicia al fin", indicó a Efe Josefa Llidó, hermana de Antonio Llidó, sacerdote español detenido, torturado y desaparecido en Santiago de Chile en 1974, cuyo cadáver nunca fue encontrado.

Josefa señaló que la detención del dictador "fue un gran logro", pese al regusto amargo que supuso su regreso a Chile dos años después de que el Gobierno británico denegara su extradición a España, por considerar que su salud no le permitía afrontar un proceso judicial.

Por su parte, la Fiscalía española dejó sólo al frente del proceso a Baltasar Garzón, al mantener que España no era competente para juzgar lo ocurrido en Chile y Argentina.

Sin embargo, una de sus representantes, Dolores Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue una de las redactoras en 1996 de la querella contra las Juntas Militares argentinas, a la que siguió otra contra Pinochet.

"La investigación salió adelante por voluntarismo puro, por creerse las cosas y por el empeño en tirar hacia adelante", aseguró la fiscal, quién subrayó la importancia de la decisión de la Audiencia Nacional española de declararse competente.

"Garzón dibujó la puerta y la sala de lo penal la abrió", puntualizó .

El magistrado sí contó con el impulso de las acusaciones populares, representadas, entre otros, por el letrado Manuel Ollé, quien afirmó que el arresto de Pinochet "supuso el nacimiento de un derecho penal internacional que permitió recuperar los juicios de Nuremberg para establecer que los crímenes contra la humanidad no deben quedar en la impunidad".

Ollé está convencido de que la petición de extradición del dictador "fue un acierto" y de que gracias a esa decisión "se han producido muchos cambios en países como Argentina, que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y ya está juzgando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad".

EFE